En diciembre de este año se cumplirán dos años desde la aprobación del acuerdo de participación en plusvalías en Bogotá y de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial que incluyó, de manera más explícita y concreta, un capítulo referido a políticas e instrumentos de gestión del suelo, en particular en lo referido a la concreción de un régimen urbanístico de la propiedad –en términos de la definición de derechos y deberes de los propietarios de tierra- y a los mecanismos que permiten aplicar el principio de distribución equitativa de cargas y beneficios, elemento central del sistema urbanístico colombiano.

La aprobación, reglamentación y aplicación del Acuerdo de plusvalías permitió superar en la práctica, resistencias y dificultades jurídicas y técnicas que habían sido agitadas durante los primeros años de vigencia de la ley 388 de 1997 y que aparentemente señalaban la imposibilidad de implementación del derecho constitucional de la colectividad de participar en los incrementos en los precios del suelo producidos por la acción urbanística del Estado y por el esfuerzo de la colectividad.

No sin dificultades, en un proceso liderado por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital y por la Secretaría de Hacienda, se ha avanzado en la claridad conceptual, la justificación ética y jurídica y el afianzamiento de la aplicación práctica. Desde la perspectiva de la gestión urbanística se han adoptado diversos instrumentos de reparto equitativo de cargas y beneficios, para distintos tipos de suelo y se ha iniciado la formulación de planes de escala zonal como los de Usme y el Norte.

Uno de los aspectos de gestión urbana en que la adopción de políticas de suelo ofrece mayores beneficios reales y potencialidades redistributivas, es en la garantía del acceso a suelo con urbanismo para las familias de más bajos ingresos. Con las políticas e instrumentos de gestión de suelo adoptados en la revisión del P.O.T se establecen mecanismos y posibilidades concretas para enfrentar y superar problemas ligados a la urbanización informal y a los tradicionales “impedimentos” argumentados para las limitadas acciones que se desarrollan en vivienda social, como son los altos precios del suelo.

En junio de 2005 fue sucrito el Pacto por un Hábitat Digno en la ciudad de Bogotá, por parte de varias entidades públicas, privadas y de la sociedad civil, pacto que expresa convergencias y compromisos para avanzar de manera concertada en los objetivos de elevar la calidad de vida de la población más vulnerable, a través de acciones orientadas a la reducción del déficit estructural que tiene la ciudad de Bogotá en materia de vivienda y entorno urbano.

En lo que respecta a la reglamentación y aplicación de los instrumentos de gestión del suelo previstos en la ley 388 de 1997, en el Pacto por el Hábitat Digno se indica que, “…no obstante los importantes avances en dejar sentadas sólidas bases de normatividad que regulen con eficiencia y equidad el desarrollo de la ciudad, persiste un clima de expectativa e incertidumbre en los actores sociales, en especial en propietarios de suelo y constructores. La situación plantea la necesidad de un amplio diálogo en torno al uso de los instrumentos de planificación y gestión urbanística y de suelo, así como de la evaluación económica y social de los proyectos a la luz de las normas, en particular sobre el tema de cargas y beneficios y su incidencia en el bienestar general de la ciudad…”.

Las Universidades Nacional de Colombia y Piloto de Colombia y Fedevivienda, entidades firmantes del Pacto por el Hábitat Digno, concientes de la importancia estratégica y de los beneficios socio-económicos, ambientales y fiscales que pueden derivarse de la consolidación de las políticas de suelo impulsadas por la administración distrital, y con el objeto de crear un espacio de reflexión y debate constructivo convocamos al Foro POLÍTICAS DE SUELO Y GARANTÍA DEL ACCESO A UN HÁBITAT DIGNO EN BOGOTÁ en donde esperamos acoger y presentar a la ciudadanía, los análisis y las posiciones de los distintos actores sociales, en torno al proceso hasta ahora cumplido de aplicación de mecanismos de gestión del suelo y de recuperación de plusvalías en la ciudad.

La trascendencia de este evento es de carácter nacional e internacional dado que Bogotá se ha convertido en un referente de primer orden en materia de gestión de suelo. La retroalimentación esperada contribuirá igualmente a identificar más y mejores argumentos para continuar desarrollando los postulados constitucionales y legales sobre la materia.

El evento cuenta con el apoyo del Lincoln Institute of Land Policy, entidad que ha acompañado el proceso de puesta en marcha de políticas de suelo en la ciudad y que tiene como principal objetivo promover el mejoramiento del debate sobre políticas de suelo y ofrecer un espacio de transferencia de conocimiento y aprendizaje para la construcción y el fortalecimiento de la capacidad institucional en el tema en entidades públicas y privadas.