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Vivo Arte
Campaña por la Convención de los
Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos
Octubre 2006

La Campaña por la Convención de los derechos sexuales y los derechos reproductivos se inicia a finales del año 1999. Este Manifiesto para el debate es una segunda versión que surge luego de un proceso de consultas,  reflexiones críticas y aportes de organizaciones y redes de la sociedad civil de América Latina y el Caribe y de otras regiones del mundo.

Luego de esta participación se elabora esta publicación, que constituye una carta política y una propuesta que contribuye a centrar las bases de una futura Convención interamericana en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos.

# Los nuevos escenarios
La complejidad y el desarrollo desigual de las diferentes dimensiones de la globalización -económica, política, tecnológica, cultural, emocional- tienden a exacerbar las exclusiones existentes y producen nuevos riesgos, nuevos conflictos, nuevas exclusiones, en un contexto donde el hegemonismo del enfoque neoliberal prioriza al máximo la lógica del mercado y facilita el poder ingobernado -sin controles ni regulaciones- del capital transnacional.

# El nuevo sentido de los derechos
Como sostiene Boaventura de Souza Santos: tenemos derecho ser iguales cuando la diferencia nos inferioriza; tenemos derecho a ser diferentes cuando nuestra igualdad nos descaracteriza. De allí la necesidad de una igualdad que reconozca las diferencias y de una diferencia que no produzca, alimenteo reproduzca las desigualdades.

# Principios esenciales de los derechos sexuales y los derechos reproductivos
Históricamente, el placer del cuerpo fue secuestrado por las distintas ideologías puritanas y religiones hegemónicas. Pero nuestra manera de amar es política, tanto la idea del amor puro como la del amor prohibido fueron inventadas por una cultura oficial misógina y homofóbica.

# Núcleos
Consideramos que la separación entre las Iglesias y el Estado es la única forma aceptable de gobierno en sociedades democráticas. Por ello, los Estados deben adoptar una postura neutral ante los diversos dogmas de fe. Conservar el carácter laico supone lograr una separación total, clara y absoluta entre las competencias de las Iglesias, que corresponden  exclusivamente a los/las creyentes, y las del Estado, que corresponden al interés público y ciudadano.